Japón: Comité allana el camino para controvertida ley contra la conspiración

(Nevin Thompson, Global Voices) – A pesar de protestas públicas, resistencia de opositores políticos y condena internacional, la coalición gobernante de Japón terminó la discusión del comité sobre un controvertido proyecto de ley contra la conspiración el 19 de mayo, lo que allanó su camino al Parlamento japonés antes del cierre por vacaciones el de junio.

Se teme que la naturaleza imprecisa del proyecto, que abarcará aproximadamente 300 delitos, reduzca las libertades personales en Japón cuando se apruebe, pues dará a autoridades amplios poderes de vigilancia, y deja abierta a la interpretación la pregunta de quién puede ser vigilado.

La coalición gobernante de Japón, presidida por el primer ministro Shinzo Abe y los liberales demócratas, ha intentando durante años revisar el Acta de Castigo del Crimen Organizado y Control de Procedimientos Criminales de Japón. El objetivo, según el Gobierno japonés, es unirse a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional a tiempo para los juegos olímpicos de Tokio en 2020, en un momento en que las amenazas a la seguridad nacional parecen estar aumentando.

El último ataque nacional a gran escala en Japón lo llevó a cabo el grupo Aum Shinrikyo en 1995.

La sección de preguntas y respuestas publicó una versión en inglés del Nikkei Asia que explica:

La legislación propuesta por los gobiernos anteriores buscaba penalizar actos de conspiración para cometer delitos graves como “grupo”. Una definición tan amplia generó temor de que situaciones inofensivas (por ejemplo, unos trabajadores en un pub que hablan sobre darle una paliza a su jefe) podría atentar contra la ley.

Esta vez, el Gobierno ha dejado de lado la palabra conspiración y ha adoptado la etiqueta de conspirar para cometer “terrorismo” y otros delitos.

A pesar de estos cambios, miembros del Comité de la Cámara de Representantes de Asuntos Judiciales, que ha estado debatiendo y haciendo cambios a la ley desde el 18 de abril, han expresado su preocupación de que la “gente común y corriente” sigue en peligro de estar bajo investigación por conspiración si el proyecto de ley fuese promulgada tal como está ahora.

El proyecto de ley, que sancionaría los “preparativos para actos de terrorismo u otros similares” se dice que sólo se aplica a “grupos terroristas y otros grupos de crimen organizado”. Pero la definición de “grupo” es imprecisa. Según la sección preguntas y respuestas del Nikkei:

La ley define un grupo como dos o más personas, y las acusaciones propuestas se aplicarán a quienes planeen uno de las muchos delitos enumerados, donde al menos un miembro realiza preparativos específicos para llevar a cabo el delito. El castigo se apilcaría a todos los miembros del grupo, independientemente de quién realizó los preparativos específicos. La lista de delitos se redujo de la original de 676 a 277.

A pesar de las consecuencias que el proyecto de ley tiene en Japón en cuanto a las libertades civiles, los miembros del comité también han expresado su preocupación sobre el entendimiento de los conceptos básicos legales del ministro de Justicia, Katsutoshi Kaneda.

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